América, líder en control y eliminación de enfermedades prevenibles con vacunación, afronta ahora el avance de un movimiento antivacunas que, aunque no ha tomado la fuerza que tiene en otras regiones, viene aumentando su influencia en medio de la alarma por la reaparición de brotes como el de sarampión.

Aunque en 2016 América se convirtió en la primera región del mundo en ser declarada libre de sarampión -como ocurrió con la viruela (1971), la poliomielitis (1994), la rubéola y el síndrome de la rubéola congénita (2015)-, para 2018 se confirmó una nueva circulación del virus y la reaparición en Venezuela y Brasil de la transmisión endémica, a lo que se sumó este año un brote en Estados Unidos.

Esto ha coincidido con la advertencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que la desconfianza, "la renuencia y el rechazo" a la vacunación es ahora una de las principales "amenazas a la salud" a nivel global.

El debate se ha enconado especialmente en Estados Unidos a causa del peor brote de sarampión en décadas en el país.

Según datos oficiales, alrededor de mil personas han sido infectadas de sarampión en lo que va de año desde que se detectaron los primeros casos entre la comunidad judía de Nueva York, pese a que este virus había sido erradicado del país en el año 2000.

La mayoría de niños infectados no habían sido vacunados, una decisión que los padres justificaron abiertamente en ideas religiosas -como en el caso de algunos judíos ortodoxos-, filosóficas o en la creencia de que la inyección incrementa las posibilidades de sufrir autismo.

Un caso similar se vive en Costa Rica este año, debido al reporte de casos importados de sarampión y por la introducción en el esquema obligatorio de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) en niñas de 10 años de edad.

Tras su inclusión, en redes sociales se disparó la información sobre supuestos efectos adversos, como que motiva a comenzar las relaciones sexuales a temprana edad, e incluso la abogada y exdiputada Alexandra Loría recomendó a los padres que no la aplicaran a sus hijas al asegurar que al obligarlas a vacunarse se les está "violando el principio de autonomía".

La inmunización contra el VPH, vinculado con el cáncer de cuello uterino, ya había generado una controversia en Colombia, país que registró una fuerte reducción de la vacunación contra ese virus (del 97 por ciento a menos del 30 por ciento) debido a un polémico caso en 2014 en un poblado del norte del país.

El caso se refiere a unas 400 niñas que sufrieron desmayos, fiebre, pérdida de peso y dolores estomacales, en las extremidades y de cabeza supuestamente luego de recibir gratuitamente la vacuna contra el VPH, situación que el Gobierno de entonces calificó de "sugestión colectiva".

Para José Alejandro Mojica, consultor del Ministerio de Salud de Colombia e infectólogo pediatra de las clínicas El Country y La Colina, es precisamente el "desconocimiento de los beneficios de las vacunas y la diseminación de conceptos erróneos sobre estas" lo que ha dado más fuerza a estos movimientos en la región.

En esto coincide el Gobierno de Brasil, que ha alertado sobre las noticias falsas sobre el tema.

Datos oficiales señalan que en ese país la aplicación de siete de las ocho vacunas obligatorias para niños (rotavirus, meningocócica C, neumocócica, poliomielitis, combinada pentavalente, hepatitis A y triple virus) se redujo y el año pasado acabó por debajo de la meta estipulada del 95 %.

Ese descenso se dio simultáneamente con el auge de movimientos antivacunas en la redes sociales del país, donde el mayor grupo contra las inmunizaciones en Facebook cuenta ya con más de 13 mil miembros, al que se suman una quincena de colectivos similares con entre 150 y 2 mil integrantes.

Aunque en América el debate se ha enfocado en los medios, en algunos países el asunto ha llegado hasta las cortes.

Uno de los casos más recientes se registró en Costa Rica, donde una niña de 10 años presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, aún en trámite, para que no le aplicaran la inmunización contra el virus del papiloma aduciendo que violenta su derecho a la salud debido a sus supuestos efectos secundarios.

Mientras en Argentina, tras la aprobación en diciembre pasado de una ley que establece la "obligatoriedad de aplicarse las vacunas", se ordenó inmunizar a un recién nacido contra la hepatitis B y la tuberculosis, desoyendo los reclamos de los padres sobre efectos secundarios como un supuesto "peligro de muerte súbita".

Chile reportó un caso similar en 2012, cuando la Corte Suprema obligó a Desiree Becerra a vacunar a su hija de 5 meses. Tras el fallo, la mujer impulsó un movimiento, que ahora tiene alrededor de unos 11 mil miembros en Facebook y que "desaprueba la imposición de una cosmovisión de la medicina tradicional, así como las acciones medicas obligatorias sin consentimiento de padres y pacientes".

En Estados Unidos, en tanto, el brote de sarampión llevó al Congreso de California a tramitar una ley para reducir los supuestos en los que los padres pueden decidir no vacunar a sus hijos y restringirlos a casos en los que suponga un peligro para la salud.

La Declaración de Salzburgo coincidió con el fuerte llamado del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que advirtió hace pocos días que el escepticismo sobre la eficacia de las vacunas es un fenómeno tan peligroso como las enfermedades en sí.

La OMS ha aclarado, sin embargo, que las causas de los nuevos brotes y de la reducción en las tasas de inmunización "son complejas, y no todo se debe a las dudas sobre las vacunas".

Es el caso de Venezuela, donde la reducción de la vacunación ha sido atribuida a los elevados costos de las inmunizaciones y la escasez que se ha presentado en algunos períodos, producto de la severa crisis.